“EL MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ Y LA VIDA DIGNA EN CHIHUAHUA”

Tiene como objetivo promover y alentar todos los esfuerzos nobles y legítimos que la ciudadanía haga a favor de la paz y la vida digna de las y los habitantes del Estado de Chihuahua. Además, es un movimiento que, desde la no-violencia activa, busca y exige que todas las decisiones políticas y las acciones de los tres poderes del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los tres niveles (Federal, Estatal y Municipal) tengan como prioridad y como objetivo fundamental: promover, proteger y salvaguardar la integridad física y moral de las comunidades y de todas las personas, sin importar su situación social, moral o jurídica, así como su patrimonio económico, social y cultural

 

Los trece mandatos para la Seguridad Humana son:

 

1º.- Que todas las acciones de gobierno tengan como el primer e indeclinable objetivo el construir y preservar la paz social con justicia y bienestar, así como la integridad física y moral de la población y del medio ambiente. A este objetivo deben subordinarse todas las acciones políticas, judiciales, policíacas, sociales y de seguridad pública.

 

2º.- Que el gobierno tenga, como deber primordial, respetar, defender y salvaguardar la vida de todas y todos los ciudadanos y sus derechos fundamentales, sin importar su situación social, moral o jurídica, actuando siempre con sensibilidad humana y social, conforme a derecho y con sentido ético.

3º.- Que el Gobierno vigile y haga efectivo que las Fuerzas Armadas y Policíacas respeten las garantías individuales y los derechos humanos de la ciudadanía y que sus faltas no queden en la impunidad. Que impida el tráfico ilegal de armas y privilegie las labores de inteligencia contra el crimen organizado.

4º.-.Que el Gobierno honre a la ciudadanía convocándola y ofreciéndole recursos en lo particular para llevar a cabo programas de educación para la paz, de prevención y de acompañamiento a víctimas de la violencia.

5º.- Que el Gobierno emprenda con personal capacitado un eficaz proceso de rehabilitación y reincorporación de las y los presos a la sociedad, lo cual significa una reforma a fondo del sistema carcelario.

6º.- Que el Gobierno estimule y proteja a los comerciantes, a la iniciativa privada, especialmente a las y los pequeños y medianos productores, para reactivar la economía y generar empleos.

7º.- Que el Gobierno privilegie los programas para hacer efectivos los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las y los pobres y emprenda para ellos y ellas un programa emergente de atención.

8º.- Que el Gobierno dé toda la importancia a las y los jóvenes ofreciéndoles mejores oportunidades de vida.

9º- Que el Gobierno emprenda un programa integral de protección a las y los inmigrantes que pasan por nuestra Nación y a las y los emigrantes mexicanos/as.

10º.- Que, por ser una deuda social, sea un deber del Gobierno el reactivar, junto con la iniciativa privada y con las y los campesinos, la producción en el campo tomando en cuenta la autosuficiencia y la soberanía alimentaria.

11º.- Que el Gobierno efectivamente reconozca, promueva y defienda los derechos y las libertades de los pueblos indígenas y vigile para que, como colectividades y como personas, no sean discriminados/as.

12º.- Que el Gobierno facilite y ponga en manos de la sociedad civil mecanismos eficaces de observación, transparencia y rendición de cuentas en lo que concierne especialmente a las acciones de protección para la ciudadanía, ante las agresiones de la delincuencia con el fin de acabar con la impunidad y la corrupción.

13º.-Que el gobierno positivamente apoye, estimule y quite todo obstáculo para la promoción en los diversos medios de comunicación, en todas las instancias educativas y recreativas, en todos los espacios posibles, todo aquello que sirva para incentivar la cultura popular, la cohesión comunitaria, la libre expresión de la ciudadanía y una auténtica cultura de la paz.