Leer rápido, pensar despacio

El CICLO INTERVENCION-TERROR-INTERVENCION.


Por: Víctor M. Quintana S.

Guerra binacional en la que un país toma las decisiones principales y el otro carga con la mayoría de los costos. Como señalan los cables de la embajada Norteamericana filtrados por wikileaks y analizados en un espléndido reportaje de Blanche Pietrich y Arturo Cano (La Jornada, 15 de marzo), “El intenso compromiso de los Estados Unidos con México” se ha traducido en un experimento fracasado, lo reconoce la propia Janet Napolitano, en una estrategia que “se les fue de las manos”, como la multicitada “Rápido y furioso” y tan sólo en Ciudad Juárez, ha generado más de siete mil muertos, millares de huérfanos, 230 mil desplazados y un desastre humanitario aún no dimensionado.

Sin embargo, además de las intervenciones oficiales “desde arriba” del gobierno norteamericano, además de que importantes decisiones de la llamada guerra contra el narco hayan sido consultadas por el gobierno federal con autoridades norteamericanas, incluso sin haber tomado en cuenta a gobernadores de los estados, hay otros hechos que nos revelan que los Estados Unidos interviene de otras formas en nuestro país:

La penetración a México de armas vendidas en los Estados Unidos. Lo de menos son las dos mil armas de asalto de la operación “Rápido y furioso”. Algunas fuentes señalan que cada año se permean a México cerca de 13 mil armas de este tipo. La aprehensión del alcalde de la localidad fronteriza de Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza y parte de su equipo, acusados de introducir ilegalmente armas de juego a nuestro país así como la operación antes citada, no dejan duda sobre la participación de diversas instancias del gobierno norteamericano en el contrabando de armas.

El hecho de que importantes mandos de “Los Zetas”, quienes, previamente a desertar del Ejército Mexicano hayan sido entrenados en tácticas de contraisurgencia en Fort Bragg, Carolina del Norte, por el Ejército de los Estados Unidos.

Las continuas incursiones en territorio mexicano, sobre todo en Ciudad Juárez, de sicarios pertenecientes a la banda de “Los Aztecas”, originada en Los Ángeles, California y El Paso, Texas, ciudad donde residen.

La operación de facto de “Los Zetas” como una especie de policía migratoria informal, “una migra de la muerte” para contener y regular perversamente el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.

El que importantes capos de los cárteles, como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, sean de nacionalidad norteamericana. Además, la presencia y operación con toda impunidad de cientos de narcos mexicanos en las ciudades norteamericanas. La vertiginosa aprehensión de 600 de ellos luego del asesinato del agente norteamericano Jaime Zapata, en San Luis Potosí no hace más que revelar que en los Estados Unidos hay una amplia base operativa del narco que es tolerada mientras no transgreda ciertas reglas.

Entonces, los Estados Unidos intervienen con doble cara en México en este contexto de “guerra al narcotráfico”: por un lado, agudizando el terror que vive la población mediante la introducción de armas que van a parar a los grupos de sicarios; la operación de grupos paramilitares que matan a gente inocente; el servir de base y retaguardia estratégica para sicarios como “Los Aztecas” o “Los Zetas”. Por otro lado, en la medida en que lo anterior genera más violencia y más terror, interviniendo más y más en las decisiones estratégicas y hasta tácticas del gobierno mexicano en esa guerra para lograr incluso el “envío de una fuerza de tarea” del ejército norteamericano para ayudar al débil, indeciso y corrupto sistema mexicano a combatir al crimen organizado.

Si a pesar de todas estas formas de intervención no se ha logrado ganar la guerra contra el narco; si el propio gobierno de los Estados Unidos reconoce su aparente fracaso, esto quiere decir que tal vez el objetivo final de dicho gobierno no sea precisamente el aniquilar al crimen organizado.

En este contexto merece reflexionarse la hipótesis que plantea Andrew G. Marshall en un trabajo publicado por Global Research, titulado: “Perpetrar terror, para provocar terror…y reaccionar ante el terror”. Según Marshall luego del 11 de septiembre, tanto la CIA como el Pentágono le habrían presentado al gobierno de Bush Jr. sendas propuestas para prevenir ataques terroristas por medio de labores de inteligencia y grupos paramilitares encubiertos. Esto se basaría en experiencias utilizadas en Irlanda del Norte por el gobierno británico y en El Salvador en los años ochenta por la administración Reagan. La operación de esos grupos encubiertos consistiría en lanzar ataques terroristas y asesinar personas inocentes, sobre todo de la oposición política para generar un ambiente de terror que permita la intervención ya formal de los Estados Unidos en el país en cuestión.

¿El propósito? Mantener la ya muy debilitada hegemonía norteamericana en la región. Si en lo económico el avance de China, la India y Brasil ya les causa problemas; si en lo político el ascenso de gobiernos de izquierda en Sudaamérica desafía su dominio regional, es necesario cuando menos extender su manumisa sobre el patio trasero, hasta Centroamérica.

Así, el ciclo intervención-terror-intervención sería la única forma de mantenernos adheridos al decadente imperio americano. Ante esto, el gobierno mexicano se ha mostrado como todos lo sospechábamos: lento y temeroso.

De criminalizaciones, impunidades y valentías

Víctor M. Quintana S.


Ya no quería escribir más sobre violencia. Prefiero tratar los temas relacionados al campo y al movimiento campesino. Ya preparaba un artículo sobre el nuevo esfuerzo de articulación de las organizaciones rurales ante la catástrofe alimentaria que sólo el gobierno no advierte, y de la necesidad de relanzar la insurgencia campesina, cuando la realidad de muerte, de falta de justicia, de impunidad, pero también de valentía de hombres y mujeres que no se rinden, nos vuelve a reclamar el espacio.

El viernes 25 por la madrugada, se encuentran los cuerpos asesinados, desenterrados, en descomposición, de Malena y Elías Reyes y de la esposa de éste, Luisa Ornelas. El hecho de que los asesinos hayan desenterrado los cuerpos, ejecutados al parecer el mismo día de su levantón, el 7 de febrero, es un fruto de la terca movilización y valiente denuncia de Marisela, Claudia y Saúl Reyes y su madre, doña Sara Salazar, y de quienes los apoyaron en todo momento. Si no se hubieran declarado las dos primeras en huelga de hambre, si no se hubiera regado la pólvora de la denuncia en los espacios nacionales e internacionales, si no se hubiera trasladado el ayuno-plantón a la ciudad de México, si no se hubiera presionado de esta forma a los gobiernos, lo que queda de la familia Reyes jamás hubiera vuelto a ver los restos de los suyos.

Por eso la rabia de los ejecutores; por eso la exhumación forzada luego de la desaparición forzada. Por eso el miedo infundido al alcalde de Guadalupe y hasta a los sepultureros que no se atrevieron siquiera a abrir las fosas. Por eso las cartulinas de amenaza junto a los cadáveres y el asqueroso intento de vincularlos como operadores de uno de los cárteles.

Precisamente este es uno de los nuevos ingredientes que aparecen en el caso del ya genocidio en ciernes de los Reyes Salazar. En este contexto de violencia criminal e institucional, a las y los luchadores sociales se les criminaliza una y otra vez. La primera de ellas cuando el Estado reprime a quienes se manifiestan contra esta guerra y las violaciones a los derechos humanos que trae aparejadas, como los disparos de la Policía Federal contra el estudiante Darío Álvarez Orrantía, en octubre pasado, cuando participaba en una caminata contra la muerte.

La segunda criminalización de quienes protestan, de quienes luchan por los derechos de todas y de todos, la lleva a cabo el propio crimen organizado. Cuando alguien les estorba y denuncia –y no sólo a ellos, sino también al Ejército–, como es el caso de la familia Reyes en el valle de Juárez, se busca involucrar a las y los activistas con el cártel contrario mediante acusaciones falsas como las citadas cartulinas y así manchar el compromiso valiente, la integridad ética de toda una vida, de toda una familia.

La tercera criminalización es, tal vez, la más dolorosa: porque no viene sólo de los poderes ni autoritarios ni criminales. Es la de quienes, desde la sociedad, cómodamente señalan: “… si los están matando así, es que en algo andan…” La postura que condena el activismo porque no se es capaz de involucrarse en él. La que justifica el apoltronamiento y la cobardía ensuciando con acusaciones tan simplistas como falsas a quienes tuvieron los arrestos que ellos no han tenido. La cobardía hecha sentido común.

En parte por esto, la impunidad sigue reinando. Los expedientes de los asesinatos de los Reyes mueren de inanición. Por eso doña Sara y sus hijos Marisela, Claudia y Saúl Reyes se vuelven a instalar valientemente en plantón frente a la fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez.

También sigue impune el asesinato del licenciado Ernesto Rábago, cometido el primero de marzo de 2010. Era coadyuvante de su pareja, Estela Ángeles, en la lucha jurídica –exitosa, por cierto– para recuperar 12 mil hectáreas del ejido de Bakéachi. Para protestar contra la impunidad cuatro comunidades rarámuris del municipio de Carichí se vienen a Chihuahua. Van primero a misa a pedirle justicia a Onorúame y son apoyados sin condiciones por el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval. Se van a la plaza de las cruces –frente a donde cayó Marisela Ortiz–, colocan otra cruz en memoria de Ernesto, ga’ra pagótuame rejoi (hombre de corazón bueno), y realizan una ceremonia para darnos a todos la medicina para curarnos de la violencia, de la muerte y la injusticia.

Gracias a estos rarámuris, gracias al compromiso inamovible de la familia Reyes Salazar, este espacio editorial no sólo habla de muertes, criminalizaciones e impunidades, también habla de las luchas y de las valentías de los de abajo.