¿QUIÉNES ESTABAN EN EL LUGAR EQUIVOCADO?

Por: Pbro. Camilo Daniel Pérez

El pasado viernes 8 de abril sucedió un hecho lamentable en Cd. Cuauhtémoc: En un atentado contra la PFP un adolescente de 15 años, Leonel Carrillo Pérez, fue baleado por miembros del Ejército Nacional. Él viajaba a bordo de una camioneta con otro menor de edad, Erik Ramos Villescas, quien afortunadamente salió ileso, aunque no se escapó de una salvaje golpiza al igual que Leonel. Gravemente herido y, además, golpeado por las fuerzas armadas. Leonel se debate entre la vida y la muerte. Hay que aclarar que ellos no son delincuentes, pues las autoridades, como Felipe Calderón, siempre se apresuran a señalarlos como tales en descargo de sus responsabilidades. Díganlo si no los familiares de los jóvenes de Salvárcar de Cd. Juárez.

Estos dos jovencitos estudiantes, sanos física y espiritualmente, llenos de vida y de ilusiones, salieron a pasear a eso de las ocho de la noche. Nunca se imaginaron la tragedia. Un locutor comentaba en su noticiario que les tocó estar en esos momentos en el lugar equivocado. ¡Eso no es cierto y mil veces no es cierto! Ellos estaban en el lugar correcto. A ellos les pertenece el mundo, son parte de nuestra comunidad, de nuestra Ciudad, de las familias nuestras. La calle les pertenece. Tenían y tienen todo el derecho a estar ahí.

Quienes estaban en el lugar equivocado y seguirán estando son los miembros del Ejército. Su lugar es el cuartel y están hechos para otro tipo de labores que están muy claramente explicitadas en la Constitución. Ellos no están preparados para labores de seguridad pública que tienen que ver con la ciudadanía. Para ellos todos somos sus enemigos mientras no probemos lo contrario. Esto se ha comprobado una y otra vez con tantas víctimas inocentes que han caído ante sus balas. El Ejército en las calles no es sinónimo de paz. Es sinónimo de guerra. Ni siquiera es garantía de seguridad pública. Equivocadamente están en las calles por la declaración de una guerra equivocada y que no es nuestra. Es la guerra de Felipe Calderón.

Una vez más, quiero recordarles a las autoridades sus deberes fundamentales hacia la ciudadanía retomando dos párrafos de las propuestas del "Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna en Chihuahua":

Que todas las acciones de gobierno tengan como primer e indeclinable objetivo el construir y preservar la paz social con justicia y bienestar, así como la integridad física y moral de la población. A este objetivo deben subordinarse todas las acciones judiciales, policíacas, sociales y de seguridad pública.

Que el Gobierno, tenga como deber primordial respetar, defender y salvaguardar la vida de todas y todos los ciudadanos y sus derechos fundamentales, sin importar su situación social, moral o jurídica, actuando siempre con sensibilidad humana y social, conforme a derecho y con sentido ético. ¿ Será mucho pedir que tengamos VIDA DIGNA YAAAA?

TRES AÑOS ¿DE QUÉ?

La numeralia de los operativos policíaco-militares en Chihuahua.

Por: Víctor M. Quintana S.


El lunes 28 de marzo se cumplieron tres años del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, estrategia policíaco-militar para llevar a cabo en el territorio de esta entidad la guerra contra el narcotráfico, decretada por Felipe Calderón desde el primer mes de su mandato.

Por más que en enero de 2010, el operativo pasara a denominarse Operación Coordinada Chihuahua y que en las ciudades los patrullajes del Ejército fueran sustituidos por los de la Policía Federal, en esencia permanece el mismo: fuerzas federales recorriendo nuestras calles y nuestros caminos y montando retenes de revisión de vehículos. Hay que decir que el anterior gobierno del estado no tuvo más remedio que aceptar este operativo, pero que el actual gobierno ha mostrado una total comunidad de miras con la estrategia (si así se le puede llamar) de la administración calderonista.

Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la situación de violencia en Chihuahua luego de tres años de operativos: algunos datos:

Homicidios dolosos: el último año antes del operativo, el 2007, hubo alrededor de 469 homicidios en todo el estado, una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes. En 2010, el número de asesinatos de disparó a 5, 212, que eleva la tasa a 148.91 por cada cien mil habitantes, es decir, a partir de los operativos la tasa de homicidios dolosos se multiplicó por diez. Durante los tres años de los operativos el número de asesinados en todo Chihuahua ha sido de once mil. (Datos de la Fiscalía General de Chihuahua y del INEGI).

Según los gobiernos federal y estatal la elevación en flecha del número de homicidios dolosos se debe a que la presión de las fuerzas del orden hace que los delincuentes “se maten entre ellos”. Esto, además de cuestionar cuál es el papel del Estado, es insostenible, porque a la par que el número de asesinatos se han disparado, a partir del Operativo Conjunto, las cifras de delitos que más impacto tienen en la población civil:

Total de delitos: En 2007, el total de delitos de todas clases cometidos en el estado de Chihuahua, fue de 34 mil 800: para 2010, la cifra se elevó a 66,125, un 90% más que antes del operativo (cifras de la Fiscalía General del Estado).

Robo de Vehículos: El año antes del operativo, el 2007 se reportaron 9.mil 490 robos de autos en el estado: tres años después, en 2010, 30 mil 757, un incremento del 224% coincidente con los operativos. Caca vez el mayor la proporción de “carjackings”, robos de vehículos a mano armada. (Datos de la Fiscalía General del Estado).

Secuestros: la cifra de abducciones denunciadas ha evolucionado así: en 2007, se denunciaron 21; en 2008, 42; para 2009 la cifra se disparó a 190 y luego disminuyó en 2010 a 132, más de un 500% con relación a los que había antes del operativo.

Desapariciones de personas: Se cuentan alrededor de 200 desapariciones forzadas, es decir aquellas en las que se presume intervinieron elementos del Ejército de las policías, desde marzo de 2008. Y en lo que se refiere a desapariciones de mujeres, según las organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, su número se eleva a 132.

Además hay que contar los desplazados por esta guerra: tan sólo de Ciudad Juárez han salido 230 mil personas, uno de cada cinco juarenses desde que comenzó la pesadilla de los operativos.

Reflexiones para terminar: la “estrategia federal-estatal” de los operativos ha elevado enormemente los índices de violencia y delictividad en el estado de Chihuahua. No sólo se ha privado de la vida a decenas de miles de chihuahuenses, sino también ha habido un gigantesco proceso de expropiación del patrimonio de las familias, vía secuestros, extorsiones, robos de vehículos, asaltos a mano armada, gastos en seguridad, elevación primas de seguros, etc. No sólo narcos, sino una gran diversidad de actores armados intervienen en nuestro estado: paramilitares, pandilleros, ladrones comunes, extorsionadores.

No ha habido ninguna inflexión en los datos de violencia y de delincuencia que marquen una esperanza para las y los afligidos chihuahuenses.

Tres años de los operativos conjuntos, tres años ¿de qué?


Comenzado a implementar y en enero de 2010

Homicidios dolosos edo.chih

2007. 450 aprox

2010. 5242

Los 3 años. Mas de 11mil.

En 2007. 18 homicidios por 100 mil habs. En 2010 108 por 100 mil.

Delitos edo. Chih.

2007. 34800

2010. 66125

Secuestros denunciados

2007. 21

2008. 42

2009. 190

2010. 132

Robo vehiculos

2007. 9490

2010. 30757

Derecho a la alimentación: ¿cuestión de Estado o de partido?

Por: Víctor M. Quintana S.

Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.


La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

El poder de los estados nacionales se ha ido abdicando ante las grandes empresas trasnacionales mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria. Aceptamos el papel que nos asignan los agronegocios: comprarles volúmenes crecientes de granos, oleaginosas y cárnicos y disputarnos con otros países pobres el acceso a sus mercados para nuestras productos tropicales. Así, países como el nuestro pueden obtener más divisas, pero crecen la desnutrición y la malnutrición. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Desde los años 90, una serie de organizaciones sociales, campesinas y de consumidores vienen luchando para que el derecho a la alimentación se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que eleva este derecho a rango constitucional, reformando dos artículos: al 4º constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y al 27 en su fracción XX se le añadiría: El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Pero a la hora de llevarse la minuta aprobada al Senado, las y los legisladores del PAN piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y rechazan la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación. Seguramente piensan que con ella el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera.

Las y los senadores panistas también se ponen a contar los chiles. Les parece demasiado consignar el término garantizar la alimentación en el texto constitucional. Aprendieron de su jefe Calderón que vetó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipule que el presupuesto anual para el campo, el Programa Especial Concurrente, no disminuya en términos reales de un año a otro. Pero no ponen ningún remilgo al párrafo constitucional que establece que el Estado “… garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. El país de los partidos ricos y de los ciudadanos hambreados.

Aquí sobresalen las ganas de no entender las cosas, la pobreza de imaginación y la mezquindad partidista. Hay que entender en primer lugar que el hecho de que se reformen tanto el artículo 4º constitucional, como el 27, obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a dirigirla a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar, e impedir que lucren con la situación los dueños de los anzuelos y de los estanques. Ni tampoco de acabar de un año a otro con la pobreza alimentaria, sino de hacer un plan con auténtica voluntad política y compromisos, comenzando, por ejemplo, porque el Estado garantice la nutrición adecuada y suficiente a todos los niños menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes. Luego se iría extendiendo a otros estratos vulnerables de la población. Para esto además de imaginación se requiere una visión de Estado y no de partido: el no querer arriesgar a los gobiernos de mi partido a realizar enormes desembolsos.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida: que digan, si no, los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los sicólogos. Es muy fácil decir que se está por el derecho a la vida porque se fustiga y se persigue a las mujeres que se deciden a abortar, cuando no hay el mínimo compromiso para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad.

Leer rápido, pensar despacio

El CICLO INTERVENCION-TERROR-INTERVENCION.


Por: Víctor M. Quintana S.

Guerra binacional en la que un país toma las decisiones principales y el otro carga con la mayoría de los costos. Como señalan los cables de la embajada Norteamericana filtrados por wikileaks y analizados en un espléndido reportaje de Blanche Pietrich y Arturo Cano (La Jornada, 15 de marzo), “El intenso compromiso de los Estados Unidos con México” se ha traducido en un experimento fracasado, lo reconoce la propia Janet Napolitano, en una estrategia que “se les fue de las manos”, como la multicitada “Rápido y furioso” y tan sólo en Ciudad Juárez, ha generado más de siete mil muertos, millares de huérfanos, 230 mil desplazados y un desastre humanitario aún no dimensionado.

Sin embargo, además de las intervenciones oficiales “desde arriba” del gobierno norteamericano, además de que importantes decisiones de la llamada guerra contra el narco hayan sido consultadas por el gobierno federal con autoridades norteamericanas, incluso sin haber tomado en cuenta a gobernadores de los estados, hay otros hechos que nos revelan que los Estados Unidos interviene de otras formas en nuestro país:

La penetración a México de armas vendidas en los Estados Unidos. Lo de menos son las dos mil armas de asalto de la operación “Rápido y furioso”. Algunas fuentes señalan que cada año se permean a México cerca de 13 mil armas de este tipo. La aprehensión del alcalde de la localidad fronteriza de Columbus, Nuevo México, Eddie Espinoza y parte de su equipo, acusados de introducir ilegalmente armas de juego a nuestro país así como la operación antes citada, no dejan duda sobre la participación de diversas instancias del gobierno norteamericano en el contrabando de armas.

El hecho de que importantes mandos de “Los Zetas”, quienes, previamente a desertar del Ejército Mexicano hayan sido entrenados en tácticas de contraisurgencia en Fort Bragg, Carolina del Norte, por el Ejército de los Estados Unidos.

Las continuas incursiones en territorio mexicano, sobre todo en Ciudad Juárez, de sicarios pertenecientes a la banda de “Los Aztecas”, originada en Los Ángeles, California y El Paso, Texas, ciudad donde residen.

La operación de facto de “Los Zetas” como una especie de policía migratoria informal, “una migra de la muerte” para contener y regular perversamente el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.

El que importantes capos de los cárteles, como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, sean de nacionalidad norteamericana. Además, la presencia y operación con toda impunidad de cientos de narcos mexicanos en las ciudades norteamericanas. La vertiginosa aprehensión de 600 de ellos luego del asesinato del agente norteamericano Jaime Zapata, en San Luis Potosí no hace más que revelar que en los Estados Unidos hay una amplia base operativa del narco que es tolerada mientras no transgreda ciertas reglas.

Entonces, los Estados Unidos intervienen con doble cara en México en este contexto de “guerra al narcotráfico”: por un lado, agudizando el terror que vive la población mediante la introducción de armas que van a parar a los grupos de sicarios; la operación de grupos paramilitares que matan a gente inocente; el servir de base y retaguardia estratégica para sicarios como “Los Aztecas” o “Los Zetas”. Por otro lado, en la medida en que lo anterior genera más violencia y más terror, interviniendo más y más en las decisiones estratégicas y hasta tácticas del gobierno mexicano en esa guerra para lograr incluso el “envío de una fuerza de tarea” del ejército norteamericano para ayudar al débil, indeciso y corrupto sistema mexicano a combatir al crimen organizado.

Si a pesar de todas estas formas de intervención no se ha logrado ganar la guerra contra el narco; si el propio gobierno de los Estados Unidos reconoce su aparente fracaso, esto quiere decir que tal vez el objetivo final de dicho gobierno no sea precisamente el aniquilar al crimen organizado.

En este contexto merece reflexionarse la hipótesis que plantea Andrew G. Marshall en un trabajo publicado por Global Research, titulado: “Perpetrar terror, para provocar terror…y reaccionar ante el terror”. Según Marshall luego del 11 de septiembre, tanto la CIA como el Pentágono le habrían presentado al gobierno de Bush Jr. sendas propuestas para prevenir ataques terroristas por medio de labores de inteligencia y grupos paramilitares encubiertos. Esto se basaría en experiencias utilizadas en Irlanda del Norte por el gobierno británico y en El Salvador en los años ochenta por la administración Reagan. La operación de esos grupos encubiertos consistiría en lanzar ataques terroristas y asesinar personas inocentes, sobre todo de la oposición política para generar un ambiente de terror que permita la intervención ya formal de los Estados Unidos en el país en cuestión.

¿El propósito? Mantener la ya muy debilitada hegemonía norteamericana en la región. Si en lo económico el avance de China, la India y Brasil ya les causa problemas; si en lo político el ascenso de gobiernos de izquierda en Sudaamérica desafía su dominio regional, es necesario cuando menos extender su manumisa sobre el patio trasero, hasta Centroamérica.

Así, el ciclo intervención-terror-intervención sería la única forma de mantenernos adheridos al decadente imperio americano. Ante esto, el gobierno mexicano se ha mostrado como todos lo sospechábamos: lento y temeroso.

De criminalizaciones, impunidades y valentías

Víctor M. Quintana S.


Ya no quería escribir más sobre violencia. Prefiero tratar los temas relacionados al campo y al movimiento campesino. Ya preparaba un artículo sobre el nuevo esfuerzo de articulación de las organizaciones rurales ante la catástrofe alimentaria que sólo el gobierno no advierte, y de la necesidad de relanzar la insurgencia campesina, cuando la realidad de muerte, de falta de justicia, de impunidad, pero también de valentía de hombres y mujeres que no se rinden, nos vuelve a reclamar el espacio.

El viernes 25 por la madrugada, se encuentran los cuerpos asesinados, desenterrados, en descomposición, de Malena y Elías Reyes y de la esposa de éste, Luisa Ornelas. El hecho de que los asesinos hayan desenterrado los cuerpos, ejecutados al parecer el mismo día de su levantón, el 7 de febrero, es un fruto de la terca movilización y valiente denuncia de Marisela, Claudia y Saúl Reyes y su madre, doña Sara Salazar, y de quienes los apoyaron en todo momento. Si no se hubieran declarado las dos primeras en huelga de hambre, si no se hubiera regado la pólvora de la denuncia en los espacios nacionales e internacionales, si no se hubiera trasladado el ayuno-plantón a la ciudad de México, si no se hubiera presionado de esta forma a los gobiernos, lo que queda de la familia Reyes jamás hubiera vuelto a ver los restos de los suyos.

Por eso la rabia de los ejecutores; por eso la exhumación forzada luego de la desaparición forzada. Por eso el miedo infundido al alcalde de Guadalupe y hasta a los sepultureros que no se atrevieron siquiera a abrir las fosas. Por eso las cartulinas de amenaza junto a los cadáveres y el asqueroso intento de vincularlos como operadores de uno de los cárteles.

Precisamente este es uno de los nuevos ingredientes que aparecen en el caso del ya genocidio en ciernes de los Reyes Salazar. En este contexto de violencia criminal e institucional, a las y los luchadores sociales se les criminaliza una y otra vez. La primera de ellas cuando el Estado reprime a quienes se manifiestan contra esta guerra y las violaciones a los derechos humanos que trae aparejadas, como los disparos de la Policía Federal contra el estudiante Darío Álvarez Orrantía, en octubre pasado, cuando participaba en una caminata contra la muerte.

La segunda criminalización de quienes protestan, de quienes luchan por los derechos de todas y de todos, la lleva a cabo el propio crimen organizado. Cuando alguien les estorba y denuncia –y no sólo a ellos, sino también al Ejército–, como es el caso de la familia Reyes en el valle de Juárez, se busca involucrar a las y los activistas con el cártel contrario mediante acusaciones falsas como las citadas cartulinas y así manchar el compromiso valiente, la integridad ética de toda una vida, de toda una familia.

La tercera criminalización es, tal vez, la más dolorosa: porque no viene sólo de los poderes ni autoritarios ni criminales. Es la de quienes, desde la sociedad, cómodamente señalan: “… si los están matando así, es que en algo andan…” La postura que condena el activismo porque no se es capaz de involucrarse en él. La que justifica el apoltronamiento y la cobardía ensuciando con acusaciones tan simplistas como falsas a quienes tuvieron los arrestos que ellos no han tenido. La cobardía hecha sentido común.

En parte por esto, la impunidad sigue reinando. Los expedientes de los asesinatos de los Reyes mueren de inanición. Por eso doña Sara y sus hijos Marisela, Claudia y Saúl Reyes se vuelven a instalar valientemente en plantón frente a la fiscalía de la Zona Norte en Ciudad Juárez.

También sigue impune el asesinato del licenciado Ernesto Rábago, cometido el primero de marzo de 2010. Era coadyuvante de su pareja, Estela Ángeles, en la lucha jurídica –exitosa, por cierto– para recuperar 12 mil hectáreas del ejido de Bakéachi. Para protestar contra la impunidad cuatro comunidades rarámuris del municipio de Carichí se vienen a Chihuahua. Van primero a misa a pedirle justicia a Onorúame y son apoyados sin condiciones por el obispo de la Tarahumara, Rafael Sandoval. Se van a la plaza de las cruces –frente a donde cayó Marisela Ortiz–, colocan otra cruz en memoria de Ernesto, ga’ra pagótuame rejoi (hombre de corazón bueno), y realizan una ceremonia para darnos a todos la medicina para curarnos de la violencia, de la muerte y la injusticia.

Gracias a estos rarámuris, gracias al compromiso inamovible de la familia Reyes Salazar, este espacio editorial no sólo habla de muertes, criminalizaciones e impunidades, también habla de las luchas y de las valentías de los de abajo.

Comunicado de Prensa

AUTENTICO GENOCIDIO, EL ASESINATO DE LA FAMILIA REYES: MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ Y LA VIDA DIGNA.

 

El Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna se duele profundamente por el asesinato de Malena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de éste último, Luisa Ornelas Soto, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados hoy en la madrugada en las cercanías de la población de Guadalupe, D.B. Al tiempo que se duele, se solidariza con las y los integrantes de esta luchadora familia y manifiesta su más categórica protesta ante la incapacidad, indolencia o negligencia culpable del Estado en proteger a sus gobernados. Luego de que en los dos años pasados fueron asesinados otros tres miembros de esta familia, la masacre de Malena, Elías y Luisa reviste las características de un auténtico genocidio.

 

Este asesinato, además de la ineptitud de las autoridades, refleja la falta de interés del Estado mexicano en detener esta terrible oleada de muerte y de sangre en perjuicio de sus ciudadanas y ciudadanos, dándoles en los hechos un trato de tercera clase. Esto contrasta con la prontitud y eficacia con las que reaccionó el gobierno de los Estados Unidos ante el asesinato en suelo mexicano de dos de sus agentes y que culminó con la detención de casi un medio millar de integrantes de bandas criminales y la incautación de varios millones de dólares. Si se trata de ciudadanos norteamericanos la justicia se administra de manera pronta y expedita, pero en el caso de defensoras y defensores de los derechos humanos, sobre todo mujeres, y de las clases populares, la muerte llega varias veces antes que la justicia.

 

Porque la muerte de Julio, hijo de Josefina Reyes quedó impune, Josefina fue asesinada: porque el feminicidio de ésta quedó impune, fue asesinado su hermano Rubén, porque estos tres asesinatos quedaron impunes, asesinan ahora a Elías, Luisa y Malena. El Movimiento exige, por lo tanto, el fin de tanta impunidad como única forma de darle fin al derramamiento de sangre y de parar la muerte. Exige también la completa y eficaz protección del Estado mexicano a la familia Reyes, así como a todas las defensoras y defensores de derechos humanos.

 

No debe pasarse por alto el hecho de que es el Ejército Mexicano quien hace meses tomó bajo su cargo el resguardo del orden y la paz públicas en el Valle de Juárez. Y es a pesar de la supuesta vigilancia de las fuerzas armadas que se han perpetrado todos los asesinatos de la familia Reyes, así como de varios funcionarios y exfuncionarios municipales, incendios y otros ataques contra la población. Por todo ello exigimos que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Lic. Felipe Calderón Hinojosa rinda al pueblo de Juárez, de Chihuahua y de México, puntuales y completas cuentas sobre estos hechos y explique la ineficacia de los contingentes a su mando.

Llamamos al pueblo de Chihuahua a reunirse, a manifestarse, a organizar una amplia y enérgica protesta ciudadana que ponga fin a la sangre y a la muerte.

 

Chihuahua, Chih. a 25 de febrero de 2011.

 

MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA PAZ Y LA VIDA DIGNA.

Segunda Asamblea y Ayuno Solidario

EL MOVIMIENTO POR LA PAZ Y LA VIDA DIGNA EN
CHIHUAHUA

SE UNE AL AYUNO:

 

- POR LA JUSTICIA

- POR LA PAZ Y EL CESE DE LA GUERRA

- PORQUE NO QUEREMOS MÁS SANGRE

- POR LOS JÓVENES ASESINADOS EN SALVÁCAR Y POR SUS FAMILIAS.

Así mismo, El Movimiento invita a su SEGUNDA ASAMBLEA. Que realizaremos en honor del Obispo D. Samuel Ruiz García, Defensor de los pobres y de los indígenas, y en conmemoración de los jóvenes impunemente asesinados n Cd. Juárez.

FECHA: 29 DE ENERO DEL 2011

LUGAR: COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ( Ave. Zarco. 2427, Col. Zarco de la Cd. de Chihuahua)

HORA: DE LAS 10.30 A.M. A LAS 2.30 P.M.

QUIENES PODAMOS HACERLO NOS TRASLADAREMOS DESPUÉS DE LA ASAMBLEA A LA PLAZA HIDALGO PARA ACOMPAÑAR EN EL AYUNO SOLIDARIO .

¡PAZ Y VIDA DIGNA YAAA!