jueves, 14 de abril de 2011

¿QUIÉNES ESTABAN EN EL LUGAR EQUIVOCADO?

Por: Pbro. Camilo Daniel Pérez

El pasado viernes 8 de abril sucedió un hecho lamentable en Cd. Cuauhtémoc: En un atentado contra la PFP un adolescente de 15 años, Leonel Carrillo Pérez, fue baleado por miembros del Ejército Nacional. Él viajaba a bordo de una camioneta con otro menor de edad, Erik Ramos Villescas, quien afortunadamente salió ileso, aunque no se escapó de una salvaje golpiza al igual que Leonel. Gravemente herido y, además, golpeado por las fuerzas armadas. Leonel se debate entre la vida y la muerte. Hay que aclarar que ellos no son delincuentes, pues las autoridades, como Felipe Calderón, siempre se apresuran a señalarlos como tales en descargo de sus responsabilidades. Díganlo si no los familiares de los jóvenes de Salvárcar de Cd. Juárez.

Estos dos jovencitos estudiantes, sanos física y espiritualmente, llenos de vida y de ilusiones, salieron a pasear a eso de las ocho de la noche. Nunca se imaginaron la tragedia. Un locutor comentaba en su noticiario que les tocó estar en esos momentos en el lugar equivocado. ¡Eso no es cierto y mil veces no es cierto! Ellos estaban en el lugar correcto. A ellos les pertenece el mundo, son parte de nuestra comunidad, de nuestra Ciudad, de las familias nuestras. La calle les pertenece. Tenían y tienen todo el derecho a estar ahí.

Quienes estaban en el lugar equivocado y seguirán estando son los miembros del Ejército. Su lugar es el cuartel y están hechos para otro tipo de labores que están muy claramente explicitadas en la Constitución. Ellos no están preparados para labores de seguridad pública que tienen que ver con la ciudadanía. Para ellos todos somos sus enemigos mientras no probemos lo contrario. Esto se ha comprobado una y otra vez con tantas víctimas inocentes que han caído ante sus balas. El Ejército en las calles no es sinónimo de paz. Es sinónimo de guerra. Ni siquiera es garantía de seguridad pública. Equivocadamente están en las calles por la declaración de una guerra equivocada y que no es nuestra. Es la guerra de Felipe Calderón.

Una vez más, quiero recordarles a las autoridades sus deberes fundamentales hacia la ciudadanía retomando dos párrafos de las propuestas del "Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna en Chihuahua":

Que todas las acciones de gobierno tengan como primer e indeclinable objetivo el construir y preservar la paz social con justicia y bienestar, así como la integridad física y moral de la población. A este objetivo deben subordinarse todas las acciones judiciales, policíacas, sociales y de seguridad pública.

Que el Gobierno, tenga como deber primordial respetar, defender y salvaguardar la vida de todas y todos los ciudadanos y sus derechos fundamentales, sin importar su situación social, moral o jurídica, actuando siempre con sensibilidad humana y social, conforme a derecho y con sentido ético. ¿ Será mucho pedir que tengamos VIDA DIGNA YAAAA?

martes, 5 de abril de 2011

TRES AÑOS ¿DE QUÉ?

La numeralia de los operativos policíaco-militares en Chihuahua.

Por: Víctor M. Quintana S.


El lunes 28 de marzo se cumplieron tres años del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua, estrategia policíaco-militar para llevar a cabo en el territorio de esta entidad la guerra contra el narcotráfico, decretada por Felipe Calderón desde el primer mes de su mandato.

Por más que en enero de 2010, el operativo pasara a denominarse Operación Coordinada Chihuahua y que en las ciudades los patrullajes del Ejército fueran sustituidos por los de la Policía Federal, en esencia permanece el mismo: fuerzas federales recorriendo nuestras calles y nuestros caminos y montando retenes de revisión de vehículos. Hay que decir que el anterior gobierno del estado no tuvo más remedio que aceptar este operativo, pero que el actual gobierno ha mostrado una total comunidad de miras con la estrategia (si así se le puede llamar) de la administración calderonista.

Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la situación de violencia en Chihuahua luego de tres años de operativos: algunos datos:

Homicidios dolosos: el último año antes del operativo, el 2007, hubo alrededor de 469 homicidios en todo el estado, una tasa de 14.4 por cada 100 mil habitantes. En 2010, el número de asesinatos de disparó a 5, 212, que eleva la tasa a 148.91 por cada cien mil habitantes, es decir, a partir de los operativos la tasa de homicidios dolosos se multiplicó por diez. Durante los tres años de los operativos el número de asesinados en todo Chihuahua ha sido de once mil. (Datos de la Fiscalía General de Chihuahua y del INEGI).

Según los gobiernos federal y estatal la elevación en flecha del número de homicidios dolosos se debe a que la presión de las fuerzas del orden hace que los delincuentes “se maten entre ellos”. Esto, además de cuestionar cuál es el papel del Estado, es insostenible, porque a la par que el número de asesinatos se han disparado, a partir del Operativo Conjunto, las cifras de delitos que más impacto tienen en la población civil:

Total de delitos: En 2007, el total de delitos de todas clases cometidos en el estado de Chihuahua, fue de 34 mil 800: para 2010, la cifra se elevó a 66,125, un 90% más que antes del operativo (cifras de la Fiscalía General del Estado).

Robo de Vehículos: El año antes del operativo, el 2007 se reportaron 9.mil 490 robos de autos en el estado: tres años después, en 2010, 30 mil 757, un incremento del 224% coincidente con los operativos. Caca vez el mayor la proporción de “carjackings”, robos de vehículos a mano armada. (Datos de la Fiscalía General del Estado).

Secuestros: la cifra de abducciones denunciadas ha evolucionado así: en 2007, se denunciaron 21; en 2008, 42; para 2009 la cifra se disparó a 190 y luego disminuyó en 2010 a 132, más de un 500% con relación a los que había antes del operativo.

Desapariciones de personas: Se cuentan alrededor de 200 desapariciones forzadas, es decir aquellas en las que se presume intervinieron elementos del Ejército de las policías, desde marzo de 2008. Y en lo que se refiere a desapariciones de mujeres, según las organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas, su número se eleva a 132.

Además hay que contar los desplazados por esta guerra: tan sólo de Ciudad Juárez han salido 230 mil personas, uno de cada cinco juarenses desde que comenzó la pesadilla de los operativos.

Reflexiones para terminar: la “estrategia federal-estatal” de los operativos ha elevado enormemente los índices de violencia y delictividad en el estado de Chihuahua. No sólo se ha privado de la vida a decenas de miles de chihuahuenses, sino también ha habido un gigantesco proceso de expropiación del patrimonio de las familias, vía secuestros, extorsiones, robos de vehículos, asaltos a mano armada, gastos en seguridad, elevación primas de seguros, etc. No sólo narcos, sino una gran diversidad de actores armados intervienen en nuestro estado: paramilitares, pandilleros, ladrones comunes, extorsionadores.

No ha habido ninguna inflexión en los datos de violencia y de delincuencia que marquen una esperanza para las y los afligidos chihuahuenses.

Tres años de los operativos conjuntos, tres años ¿de qué?


Comenzado a implementar y en enero de 2010

Homicidios dolosos edo.chih

2007. 450 aprox

2010. 5242

Los 3 años. Mas de 11mil.

En 2007. 18 homicidios por 100 mil habs. En 2010 108 por 100 mil.

Delitos edo. Chih.

2007. 34800

2010. 66125

Secuestros denunciados

2007. 21

2008. 42

2009. 190

2010. 132

Robo vehiculos

2007. 9490

2010. 30757

Derecho a la alimentación: ¿cuestión de Estado o de partido?

Por: Víctor M. Quintana S.

Hay tsunamis más letales que los del océano Pacífico. Porque matan de hambre, lentamente. Son los tsunamis de la especulación y lucro con los alimentos... El solo incremento de los granos básicos durante la oleada alcista de 2006-2008 aumentó el número de personas en pobreza alimentaria en México en 5 millones, afectando a uno de cada cinco mexicanos. A nivel mundial, la misma oleada produjo 147 millones de nuevos pobres tan sólo de 2006 a 2009.


La gente podrá trabajar duro para obtener sus alimentos básicos; podrá haber capacidad productiva en el planeta para nutrirnos a todos, pero cuatro factores se conjugan para que haya hambre: a) el salario aumenta menos que los alimentos; b) los alimentos son el nuevo y más rentable negocio trasnacional, c) el gobierno mexicano mantiene una política agroalimentaria que nos hace importar 42 por ciento de lo que nos comemos y, d) el propio gobierno no cuenta con reservas de alimentos básicos controladas por él para los tiempos de escasez.

El poder de los estados nacionales se ha ido abdicando ante las grandes empresas trasnacionales mediante los tratados de libre comercio y un manejo mercantilista de la política agrícola y alimentaria. Aceptamos el papel que nos asignan los agronegocios: comprarles volúmenes crecientes de granos, oleaginosas y cárnicos y disputarnos con otros países pobres el acceso a sus mercados para nuestras productos tropicales. Así, países como el nuestro pueden obtener más divisas, pero crecen la desnutrición y la malnutrición. La balanza de pagos contra la balanza de la salud de las personas.

Desde los años 90, una serie de organizaciones sociales, campesinas y de consumidores vienen luchando para que el derecho a la alimentación se consagre en nuestra Carta Magna. Por fin lograron que la Cámara de Diputados apruebe una minuta que eleva este derecho a rango constitucional, reformando dos artículos: al 4º constitucional se le agregaría el siguiente párrafo: El Estado garantizará el acceso de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y al 27 en su fracción XX se le añadiría: El desarrollo rural integral, a que se refiere el párrafo anterior, tendrá como finalidad que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.

Pero a la hora de llevarse la minuta aprobada al Senado, las y los legisladores del PAN piensan en sentido contrario a sus homólogos blanquiazules en San Lázaro y rechazan la reforma constitucional sobre el derecho a la alimentación. Seguramente piensan que con ella el Estado se va a convertir en un gigantesco repartidor de despensas, habilidad en que los priístas llevan una enorme delantera.

Las y los senadores panistas también se ponen a contar los chiles. Les parece demasiado consignar el término garantizar la alimentación en el texto constitucional. Aprendieron de su jefe Calderón que vetó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable estipule que el presupuesto anual para el campo, el Programa Especial Concurrente, no disminuya en términos reales de un año a otro. Pero no ponen ningún remilgo al párrafo constitucional que establece que el Estado “… garantizará el financiamiento a los partidos políticos”. El país de los partidos ricos y de los ciudadanos hambreados.

Aquí sobresalen las ganas de no entender las cosas, la pobreza de imaginación y la mezquindad partidista. Hay que entender en primer lugar que el hecho de que se reformen tanto el artículo 4º constitucional, como el 27, obliga al Estado a cambiar drásticamente su política agroalimentaria: en lugar de orientarla a producir alimentos para la exportación, lo obliga a dirigirla a garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos para nuestra población. No se trata de dar pescados, sino de garantizar las condiciones para que haya pescados y todo mundo pueda pescar, e impedir que lucren con la situación los dueños de los anzuelos y de los estanques. Ni tampoco de acabar de un año a otro con la pobreza alimentaria, sino de hacer un plan con auténtica voluntad política y compromisos, comenzando, por ejemplo, porque el Estado garantice la nutrición adecuada y suficiente a todos los niños menores de cinco años y a las madres lactantes y gestantes. Luego se iría extendiendo a otros estratos vulnerables de la población. Para esto además de imaginación se requiere una visión de Estado y no de partido: el no querer arriesgar a los gobiernos de mi partido a realizar enormes desembolsos.

Garantizar el derecho a la alimentación sana y suficiente es garantizar el derecho a la vida: que digan, si no, los nutriólogos, los perinatólogos, los pediatras, los sicólogos. Es muy fácil decir que se está por el derecho a la vida porque se fustiga y se persigue a las mujeres que se deciden a abortar, cuando no hay el mínimo compromiso para que las y los mexicanos que viven, vivan con dignidad.